En rápido y en caliente pasó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, la cual redirecciona el destino de las cuentas bancarias inactivas: hacia los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales. Casi por unanimidad, los diputados urgieron a conseguir más recursos para las policías y las Guardia Nacional, aun si este dinero no necesariamente viene de los impuestos, sino de ahorros o cuentas abandonadas.